En la sociedad humana no hay manera efectiva de que el poder sea ejercido como resultado de la voluntad de todos. Al menos en la civilización hasta hoy conocida hay una decisiva diferencia y siempre una escisión entre Gobierno y Poder. En el caso hipotético, de muy baja probabilidad, de que un gobierno emane de la voluntad popular total de una nación, si además del poder político así otorgado, el gobierno no detenta también el poder económico, ejercerá el poder político siempre en última instancia condicionado por el poder económico. Es la realidad del mundo de hoy.
Como el caso hipotético anterior se acerca probabilísticamente a cero, hasta que el poder económico no resulte razonablemente repartido entre todos los miembros de una comunidad, también en toda la comunidad humana, no habrá poder político real que pueda desembarazarse de las imposiciones del poder económico y, por tanto, estará inevitablemente mediado por, y en eventual conflicto con, los intereses económicos predominantes. En conflicto también con los intereses de las capas desposeídas que depositaron en el sujeto político su cuota de soberanía, pero con muchas menos probabilidades de que al cederlo, puedan cambiar esencialmente la situación de desigualdad y explotación. Es la realidad de todos los países hoy considerados y aceptados como democráticos.

Como acto soberano de sus ciudadanos al votar un gobierno, puede afirmarse que realmente una nación se “hace”, políticamente, con todos (algo que, por lo demás, nunca ha sucedido en puridad, dada la abstención, o el idiotismo en su acepción clásica griega, a saber, “aquel que no se ocupa de los asuntos públicos”), pero mientras Poder Político y Poder Económico sean dos entidades separadas, es una ilusión que los beneficios puedan resultar, realmente, “para todos”. Mientras exista una fisura entre el Poder Político y el Poder Económico, existirá una desigualdad en la retribución de los beneficios que favorecerán a unos, y perjudicarán a otros. No hay ejemplo ninguno que pueda negar esa realidad, en una u otra medida, entre las democracias pasadas o actuales.

Fundar la conquista de “con todos y para el bien de todos” en el poder político ejercido con la participación de todos, ejercicio democrático de elegir, en las condiciones de cesura entre Gobierno y Poder, no garantizará que su resultado se revierta, justamente, para todos. No mientras el poder político sea rehén del Poder económico. Ello sólo podrá existir en un grado de tendencia prevaleciente al maximizase la igualdad de oportunidades y el goce justo de los bienes materiales y espirituales, en el comunismo. Esa lejana perspectiva no niega que en los sistemas capitalistas no exista la necesidad de intentarse y que en determinados períodos no se logren determinadas conquistas, como recurrentemente verifica la historia. Pero una ilusión de las teorías democráticas es pretender la conquista de la verdadera democracia allí donde el poder político sólo es una cobertura legitimadora del poder económico.

A tenor de la fatal cesura entre Gobierno Político y Poder Económico allí donde una capa minoritaria de la población detente el control privado de la mayor riqueza, el juego ilusionista de los ideólogos de las “democracias” realmente existentes, consiste en hacer equivalente el acto electoral al ejercicio de la Libertad, y el resultado real de la libertad de expresión, lo igualan a la posibilidad de ejercerla. En ese espejismo radica el secreto del fácil encantamiento que ejercen sobre las amplias masas los discursos políticos y académicos que empleando las mejores energías en exigir la Libertad, mayormente política, olvidan, y ayudan a ocultar mucho más el verdadero objetivo que es la conquista de la libertad económica.

Los procesos electorales en los países capitalistas, con sus naturales diferencias de época, coyuntura y región, permiten que afloren, asistemática y esporádicamente sobre la línea en zigzag histórica, oportunidades de control político y en alguna medida económico, que logran traducir los intereses comunitarios. Las conquistas de las históricas luchas sociales y sindicales de todos los tiempos, o los intentos socialistas, vistos en la gran perspectiva de la historia, son hasta el momento accidentes excepcionales que confirman la regla. Por otra parte, es muy temprano para valorar las recientes experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos en sus distintas variantes. Pero la involución, el defenestramiento por diversos medios que ahora incluyen los golpes judiciales, o las ingentes dificultades que se le oponen para seguir un curso autónomo ascendente, son una muestra fehaciente de lo que eventualmente ocurre cuando el poder político no puede llegar a consolidarse sobre, o detentando a la vez, el poder económico. La revolución, o el desmontaje del poder económico capitalista por vía pacífica o electoral, siguen estando al debe histórico.

Esta experiencia nos debe llevar a considerar con nunca exagerada responsabilidad, que la democracia a desarrollar sobre lo alcanzado, en países que como Cuba se afanen en la continuidad de su proyecto socialista, y que ahora está en una coyuntura de cambios indispensables, no puede desconocer la necesaria unidad orgánica entre poder político y poder económico con las correlativas hegemonías culturales e ideológicas. Si por una parte, no se divisa en el mediano plazo la viabilidad del éxito de las aspiraciones socialistas sin un vínculo más o menos estrecho con la realidad abrumadoramente capitalista de la economía mundial, por la otra es también inevitable que se debe conservar y desarrollar una modalidad democrática que sea pura creación, tanto a los efectos de la dinámica interna del país, como con respecto, – y esto tiene decisiva importancia -, a los elementos incidentes desde el exterior que vienen entrelazados a su participación en la economía mundial capitalista.

Los elementos internos constitutivos de la democratización, como las funciones de la comunicación, su dirección, la educación ideológica, etc., estarán siempre íntima y dinámicamente conectados con las incidencias que sobre ellos ejercerán los vínculos externos. Y el surgimiento de tendencias e intereses sectoriales potencialmente disruptivos que acompañará al fomento de la pequeña o mediana propiedad si es mayoritariamente privada, y no comunitaria o cooperativa, será, tarde o temprano, una fuerza centrífuga con respecto a los intereses mayoritarios representados por el gobierno y el estado.

Teniendo en cuenta esa eventualidad, cierta corriente de pensamiento no sólo, pero principalmente el académico que atiende más a la tradición que al análisis de las realidades concretas, interesada en erosionar los pilares del proyecto cubano desde adentro, hace marcado énfasis en contraponer en un grado de antagonismo crítico, el concepto de lo público al concepto de lo estatal en la realidad cubana, traspolando realidades de sociedades capitalistas cuyas características está lejos de compartir Cuba. Y correlativamente con ese propósito niegan el carácter del estado cubano como representante de los intereses sociales.

Una exigencia que se origina en los círculos que coinciden con el cuestionamiento del estado cubano como representante de los intereses socialistas mayoritarios en la sociedad isleña, insiste en la diferenciación entre el control centralizado de los órganos de comunicación y la autonomía de órganos considerados públicos, concebidos estos como no estatales. Esta aseveración presupone un estado de sustancia y funciones similares a los estados capitalistas, donde la democracia está negada por la prevalencia de los representantes de la riqueza, el poder económico condicionando el poder político. Es en esos estados donde la distinción entre lo público y lo estatal tiene el signo del antagonismo de clase, porque al poder político se accede por la vía del poder económico, o el poder económico sostiene la existencia y alternancia de partidos indistintos por su esencia clasista, lo que no es un rasgo del estado cubano. A este cuestionamiento le es correlativo también todo un sistema de reparos conceptuales sistémicos que incluye al proceso de eleccionario cubano, que, con todo lo que tiene que perfeccionar y evolucionar, parte desde una base en que el partido no nomina, hasta el pináculo de la Asamblea Nacional, que elige a los órganos estatales.

Lo específico en Cuba es que la diferenciación entre el control de la prensa orgánica estatal y partidista y otros diversos medios de comunicación ha existido siempre, pues los distintos sectores de lo que ahora se denomina sociedad civil, han tenido en todo tiempo sus órganos de difusión culturales y artísticos. La realidad es otra, y es que no siempre han funcionado como se concibieron, y el grado de autonomía no ha sido visible por el solapamiento que sobre ella significa la voluntad mayoritaria de conservar una unidad esencial, siempre en complejo y difícil equilibrio con el uso de las posibilidades del ejercicio de esa autonomía.

Por otra parte, en el funcionamiento futuro de la autonomía de medios concebidos como no estatales, hay que considerar las externalidades cuyas influencias son hoy, y como siempre, imprevisibles, pero inevitables. Desde ya se oyen las voces que exigen medios privados como la garantía de la existencia de medios públicos, o de medios públicos, sin considerar que como no hay antagonismo de clases entre los poderes del estado y la sociedad, los medios existentes ya tienen ese carácter legítimamente público, en las condiciones y características de la sociedad cubana. Una prensa pública dirigida por intereses sectoriales es la cuña más rápida, eficaz y expedita para que penetren y prevalezcan las externalidades de la guerra mediática en Cuba.

El asedio de los intereses capitalistas sobre Cuba no va a cesar, aun cuando las tendencias nacionalistas o el repliegue hacia el interior de las naciones capitalistas más poderosas, que anuncian las políticas del nuevo presidente de los EEUU, y la misma tendencia que se vislumbra en los sucesos europeos, anuncien un eventual giro de la globalización imperialista, algo previsible ya según algunos agudos analistas de la geopolítica mundial. La anunciada normalización corrió paralela a nuevas iniciativas de subversión cultural e ideológica, con el fomento y apoyo de plataformas digitales supuestamente independientes, becas de formación de líderes, etc. Es muy previsible que un erróneo planteamiento e implementación del proyecto de perfeccionamiento de las funciones y la dirección de la política informacional cubana, pueda facilitar los objetivos de esa nueva ofensiva en correspondencia y apoyo sinérgico con los variados intereses disruptivos de los intereses comunes, que pueden originarse y fortalecerse con los cambios económicos que le sean propicios. Cuba conserva en sus instituciones la correspondencia orgánica entre el poder político y el económico.

El estado y la sociedad, con el Partido como su fuerza dirigente y unificadora, está obligado a seguir creando una forma de la democracia original y adecuada a las especificidades históricas de la nación en concordancia con las condiciones y exigencias de esta época. El cuarto poder no se puede entregar. Lo público y lo estatal no pueden separarse mientras el estado siga siendo representante de los intereses que garantizan la independencia y la soberanía, que son los intereses comunes de una nación, y no los intereses fragmentarios de capas favorecidas por las complejidades de las relaciones económicas internacionales.

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